El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), ante las muertes violentas de los ciudadanos Gerson Falla Marreno y Walter Oyarce Domínguez, muertes que lamenta y deplora profundamente, considera necesario expresar lo siguiente:

1. En nuestro país, el acceso de los ciudadanos a la justicia en casos penales se ve bloqueado, entre otras razones, por la excesiva importancia que los procedimientos judiciales vigentes otorgan a las pruebas testimoniales. De ello se deriva que el resultado de los procesos penales se determine muy a menudo por declaraciones, en vez de que se otorgue el peso debido a las evidencias y pruebas materiales.
2. En este sentido, los casos Falla y Oyarce muestran lo que desde hace años ha señalado el EPAF con motivo de los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la violencia política: los agentes encargados de hacer cumplir la ley suelen carecer del entrenamiento necesario para preservar e investigar las escenas del crimen, haciendo depender el conjunto de las investigaciones penales de la presencia de testigos o de alguna grabación en video.
3. A la fecha, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) cuenta con juegos completos de huellas digitales de casi todos los ciudadanos. A fines de los años 90, tras la implementación del Documento Nacional de Identidad (DNI) bajo la norma internacional ISO/IEC 7810, se anunció que este documento iba a ser ampliamente utilizado  en los procedimientos policiales y judiciales, e incluso que se iban a instalar terminales de verificación de huellas digitales en todas las comisarías, aduanas y puestos fronterizos del país, sin que este anuncio se haya concretado hasta el momento.
4. Hace poco, la periodista Rosa María Palacios comentó muy atinadamente que el Estado peruano habría recibido la donación del sistema IAFIS (Integrated Automated Fingerprint Identification System) del FBI que permite comparar automáticamente las huellas digitales recuperadas en una escena del crimen con las huellas guardadas en un banco informático (por ejemplo, el de RENIEC). Al parecer la implementación de tal sistema costaría US$ 1 millón, cifra ínfima si es que se entiende el potencial de tal sistema para proveer pruebas materiales indubitables, que usadas correctamente y junto con testimonios, podrían hacer avanzar las investigaciones judiciales en casos de robos, homicidios, lesiones graves y otros tipos de crímenes.
5. De igual manera, la mejora y perfeccionamiento de los procesos de recuperación de pruebas, y el análisis de las mismas a través de procesos automatizados y siguiendo los estándares de calidad ISO (9001 y 17025) impediría que, como se ha visto en el caso de Gerson Falla, se traten de introducir pruebas obtenidas sin presencia del fiscal y analizadas en condiciones de dudosa calidad científica.
6. Si bien la reforma de la Policía Nacional y del Poder Judicial son impostergables, tal vez sea posible implementar de forma inmediata procesos que, por su naturaleza, impidan las consabidas prácticas de falsificación o distorsión de pruebas al momento de imputar los crímenes, y por ende ayuden a frenar las prácticas de corrupción en los procesos penales.
7. La experiencia institucional del EPAF demuestra que la presencia y participación de peritos forenses especializados es la mejor garantía para la reconstrucción de hechos penales. Por tal motivo, invocamos a las instituciones del Estado a realizar las reformas necesarias para que se otorgue una mayor importancia a las pruebas materiales, y para que los peritos forenses de la sociedad civil puedan participar en las investigaciones de casos penales. De esta manera podrá garantizarse un mayor acceso a la justicia para todos los ciudadanos.

Lima, 5 de octubre del 2011.

Equipo Peruano de Antropología Forense

Dirección Ejecutiva