Después de casi 3 horas, el juez Peter Tomka terminó la lectura del fallo de La Haya / Foto: TVPerú

PRONUNCIAMIENTO

El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), institución de promoción y defensa de los derechos humanos, frente a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, respecto del diferendo marítimo entre Perú y Chile, se pronuncia en el siguiente sentido:

1. Saluda la sentencia, en el sentido que representa el final del diferendo y podría representar una nueva era en la relación entre ambas naciones. Asimismo, saluda los esfuerzos de la delegación peruana en La Haya, que durante 6 años defendió la posición del Estado peruano ante la Corte.

2. Aplaudimos la voluntad del Estado peruano, ratificada el día de hoy por el presidente Ollanta Humala, de cumplir los fallos de tribunales internacionales. Sin embargo, nos llama la atención que los poderes del Estado, a pesar de esta voluntad manifiesta, no cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

3. A este respecto, debemos destacar el irrespeto sistemático a tratados y sentencias internacionales, algunas de las cuales tienen años de emitidas, en los cuales el Estado peruano se compromete a investigar y sancionar crímenes como la desaparición forzada de personas, la tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos (que se siguen practicando), a reparar a las víctimas y sus familiares y a otorgarles garantías de no repetición (lo cual no se ha hecho).

4. Entendemos que para el Estado peruano el diferendo marítimo sea una prioridad, pero la diferencia entre los recursos humanos y materiales asignados a este caso y los asignados al cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos es, por decir lo menos, discriminatoria respecto a los ciudadanos más pobres del Perú, que como estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación, fueron los más afectados por la violencia política.

El EPAF espera que esta voluntad expresa de cumplir con los tratados internacionales no quede en mera retórica, que a esta altura ya suena a burla para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, a los cuales el Estado peruano trató y sigue tratando como ciudadanos de segunda clase.