Hoy, 5 de setiembre del 2011, en las instalaciones del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), se realizó una reunión de trabajo respecto de la Convención Internacional sobre la Protección de Personas Víctimas de Desaparición Forzada, en la que participaron Rainer Huhle, director del Centro de Derechos Humanos de Nüremberg; Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; Omar Chehade, segundo vicepresidente de la República, la congresista Rosa Mavila, funcionarios gubernamentales, miembros de organismos defensores de derechos humanos y familiares de víctimas. En diciembre de 1978, la Resolución 33/173 de la Asamblea General de la ONU utilizó por primera vez el término “persona desaparecida”, pero fue solamente con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y con la Convención Internacional sobre la Protección de Personas Víctimas de Desaparición Forzada que se poseen normas internacionales de carácter vinculante que tipifican la desaparición forzada de personas y permiten defender los derechos inalienables de las víctimas: conocer la verdad, obtener justicia y reparación. La importancia de la Convención radica no sólo en dar una definición legal del delito de desaparición forzada, sino en establecer obligaciones a los Estados para prevenir, perseguir y sancionar este crimen contra la humanidad, a través de medidas judiciales concretas. Hoy, la Convención ha sido firmada por 88 países y 29 de ellos la han ratificado. En Sudamérica, sólo Perú, Surinam y Guyana no la han firmado. La discusión sobre la firma de la Convención se centró en tres ejes importantes: 1)             Reconocer y comprender que la desaparición forzada de personas es una de las secuelas más graves del conflicto armado interno, no atendida por ningún gobierno en los últimos 10 años; 2)             Que la cifra total de personas desaparecidas no es sólo un número que hay que calcular -desde los  informes de la CVR, la Defensoría del Pueblo o el EPAF- sino que debe ser comprendida en toda su magnitud, como resultado de investigaciones permanentes y de asumir un problema social que nos divide como nación, y 3)             Que la implementación de políticas de Estado que hagan posible la búsqueda e identificación de desaparecidos no debe ser observado solo desde planos judiciales sino primordialmente desde una mirada humanitaria, sensible y reflexiva con respecto a la responsabilidad del Estado y sus sanciones. La participación del vicepresidente Chehade dejó en claro que el nuevo gobierno firmará la Convención Internacional sobre la Protección de Personas Víctimas de Desaparición Forzada, y apoyará toda iniciativa que haga posible resolver este problema en los próximos cinco años. Por otro lado, José Burneo Labrín, asesor del despacho del Ministerio de Justicia, indicó que una cifra precisa de personas desaparecidas serviría para diseñar políticas públicas de búsqueda y reparación efectivas. Además, Gisella Vignolo, Adjunta para Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, insistió en que el trabajo hecho por el Ministerio Público en los últimos años no ha logrado articular una búsqueda integral de desaparecidos, que no se base solo en procesos penales y exhumaciones, haciendo falta mirar la desaparición forzada también desde la perspectiva de los familiares de las víctimas. Finalmente, Gisela Ortiz, Directora de Operaciones del EPAF, advirtió que la firma de la Convención debe servir para abrir camino a la verdad y la reparación para centenares de familiares que no saben, luego de 20 o 30 años, qué sucedió y dónde están sus seres queridos. Además, puso énfasis en que la participación del Estado en la mesa de trabajo puede augurar por fin la coalición de esfuerzos de distintas instituciones en favor de la paz y la justicia. El EPAF saluda que, después de muchos años, el Estado peruano se allane a reconocer la importancia del problema de la desaparición forzada de personas; recordando que las cifras de las que ahora disponemos -un aproximado de 15,000 personas desaparecidas- se deben a la revisión continua que el EPAF ha realizado de las cifras dejadas por la CVR, y que este valioso trabajo debe ser el punto de partida para cualquier futura investigación. Lima, 5 de setiembre del 2011.

Equipo Peruano de Antropología Forense

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