El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), institución de promoción y defensa de los derechos humanos, que desde su fundación en el año 2001 ha trabajado por la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otros graves crímenes contra la humanidad, se dirige a la opinión pública para expresar lo siguiente:

1. Desde el inicio de nuestra labor humanitaria, el derecho a la crítica ha sido parte de nuestra cultura institucional. Hemos mantenido controversias con instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y con la propia cooperación internacional, tratando en lo posible de mantener diálogos alturados y respetuosos, pero sin renunciar por ello a nuestros profundos compromisos con la verdad científica y el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad.

2. Entendemos y respetamos el rol asignado por las leyes peruanas a las instituciones del Estado. Pero no por ello vamos a mantener silencio frente a hechos y situaciones que, como lo hemos manifestado desde hace años, violan los principios más elementales de justicia. Siempre hemos sostenido que, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, el Estado no debe investigarse a sí mismo. El sostener este principio nos acarreó polémicas con el Ministerio Público y con la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero no hemos renunciado a este reclamo, que es también un reclamo de los familiares de las víctimas: el derecho a una investigación oportuna, independiente e imparcial.

3. A este respecto, es lamentable insistir, tras más de una década de retorno a la democracia, que el Estado peruano no sólo mantiene una tremenda deuda de verdad y justicia con los familiares de más de 15.000 personas desaparecidas, sino que hasta el momento se ha mostrado incapaz de brindar garantías elementales del debido proceso y del manejo de la prueba científica respecto de casos de la violencia política que continúan impunes, violaciones a los derechos humanos del pasado reciente y delitos comunes que no se investigan ni juzgan con imparcialidad, afectando el derecho a la justicia de las víctimas, sus familiares y de todos los ciudadanos.

4. El Ministerio Público debería recordar que sólo la mediocridad no soporta ninguna crítica, que el monitoreo de las instituciones públicas por parte de la sociedad civil es parte fundamental del Estado de Derecho, y que del mismo modo que ellos tienen derecho de considerar que años de manejo de casos penales facultan a abogados de carrera a pronunciarse sobre delitos comunes, nosotros estamos facultados por experiencia y formación científica a pronunciarnos sobre materias forenses de nuestra competencia e interés ciudadano.

5. Por último, sabemos que no estamos solos en nuestro reclamo por una profunda reforma de las instituciones de justicia, que a estas alturas ya es todo un clamor ciudadano frente a la inacción, inoperancia y corrupción de las autoridades, con honrosas excepciones. Frente a este clamor, no hay espíritu de cuerpo ni amenazas institucionales -pagadas con el dinero de todos los peruanos- que puedan hacer silencio.

Lima, 17 de julio del 2014.