El día de hoy, lunes 26 de enero, José Pablo Baraybar, director del Equipo Peruano de Antropología Forense, declaró en calidad de testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el proceso que se sigue contra el Estado peruano por el caso “Santa Bárbara”, referido a la desaparición forzada de 15 personas, entre ellos 7 menores de edad, a manos de miembros del Ejército peruano, en la comunidad de Santa Bárbara, Huancavelica, el 4 de julio de 1991.

Durante la audiencia del caso, José Pablo Baraybar señaló una serie de errores e inconsistencias en las 5 pericias realizadas por el Ministerio Público (en 1991, 2009 y 2010) respecto al caso, y destacó que la falta de idoneidad de dichas investigaciones es una situación generalizada en los casos de desaparición forzada en el Perú, refutando los alegatos de los agentes designados por el Estado peruano ante la Corte IDH.

De acuerdo con el testimonio de Baraybar, en los documentos presentados por el Estado no se aprecia la existencia de una cadena de custodia, ni se hace un cálculo correcto de los restos óseos recuperados en la mina “Varallón-Misteriosa”, no se habría recuperado la totalidad de éstos, ni se habría tomado en cuenta la fragmentación de los cuerpos (fragmentación debida, probablemente, a la voladura de los restos con dinamita), ni se individualizaron los restos antes del examen de ADN.

Entonces, los informes periciales del Ministerio Público carecerían de rigor científico y mostrarían un grave desconocimiento de la naturaleza del trabajo forense con restos fragmentados y alterados.

Estos errores, comunes a las investigaciones por desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por el Estado peruano, agravan una situación ya de por sí crítica, en la que de los 15.731 desaparecidos el Estado peruano ha recuperado 2.407 cuerpos, sin identificar a ninguno (1.574 tenían identidad conocida y no son desaparecidos en sentido estricto). De las 833 víctimas restantes, organizaciones de la sociedad civil lograron identificar a 98 de éstas, así como a 29 víctimas adicionales del caso Putis, en Ayacucho.

Asumiendo un universo de 15.000 desaparecidos, se requerirían 41 años para concluir la exhumación de todos los restos, asumiendo condiciones ideales; ello evidencia la nula voluntad del Estado peruano para tomar las medidas necesarias y adecuadas para recuperar, identificar y restituir los restos de personas desaparecidas, antes de que el paso del tiempo, la muerte de familiares y testigos, y la destrucción de los sitios de entierro, entre otros factores, vuelva imposible estas tareas.

Lima, 26 de enero del 2015.