Imagen: Captura de video, Cajamarca Reporteros

El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), organización de promoción y defensa de los derechos humanos, frente a los lamentables hechos de violencia en Cajamarca ocurridos el 30 de octubre pasado (en los cuales el ciudadano Fidel Flores Vásquez murió por disparos de efectivos policiales, mientras trataba de impedir el desalojo de su vivienda), se pronuncia en el siguiente sentido:

1. La muerte de Fidel Flores nos debería hacer reflexionar a todos sobre los alarmantes niveles de polarización a los cuales está llegando la opinión pública. No se trata solamente de una polarización entre los partidarios de la «mano dura» y del garantismo, entre los defensores de la Policía y los defensores de los derechos humanos; bajo estas polémicas evidentes, se dan polarizaciones: entre las provincias y Lima, entre los medios de comunicación masiva y los medios alternativos, entre la empresa privada, el Estado, y los ciudadanos.

2. Bajo la apariencia de los debates públicos subyacen problemas más profundos: por ejemplo, qué es lo que la Policía Nacional debe hacer cuando se trata de combatir al crimen; qué es lo que los medios, las empresas y el Estado nos presentan como crimen; y cuál es la situación actual de la Policía.

3. Para muchos peruanos, la igualdad ante la ley es una ficción. Un ciudadano despojado de su casa por ladrones o usurpadores puede esperar meses o años antes de recuperar lo suyo, pero cuando hay grandes empresas de por medio, ese plazo se convierte en semanas o días, con intervenciones a sangre y fuego de policías y matones contratados. En lugares relativamente remotos como Cajamarca, donde no llegan los grandes medios de comunicación, la diferencia entre personas naturales y jurídicas se convierte en la diferencia entre ciudadanos de «segunda clase» y de «primera clase».

4. Es indiscutible que las fuerzas de seguridad han actuado y actúan con pasmosa lentitud contra la delincuencia. La transición democrática no depuró a la Policía de los elementos criminales que pululaban en ella durante el régimen de Fujimori. Además, los nuevos policías son enviados a las calles, gracias a una política irresponsable, sólo con 6 meses de formación. El resultado es que tenemos una Policía ineficaz y venal, y abiertamente criminal en muchos casos; a nadie sorprende ya ver a policías involucrados en torturas, robos a mano armada, secuestros o tráfico de drogas.

5. Llegados a este punto, tenemos al crimen combatiendo al crimen, al Estado investigándose a sí mismo, y otras paradojas semejantes. Esa es la Policía que ha sido autorizada (vía la ley 30151) para matar sin rendir cuentas a nadie, y si le añadimos que su «reforma institucional» y las «investigaciones» de los delitos policiales están en manos de un ministro del Interior procesado por violaciones a los derechos humanos, entonces podremos entender que cada vez hay que ser más temerario para vivir en el Perú, donde la vida humana no cuesta caro.

Lima, 4 de noviembre del 2014.