“El proceso no es cosa fácil. Pensamos que va ser rápido. El interesado
tiene que estar detrás de todo el proceso, desde abrirlo. Muchos flaquean
en el camino, otros se desmoralizan (…) Como cualquier persona, queremos
que se haga justicia. ”

Guillermo Bravo Del Pino, hijo de dos víctimas del anexo Nazareth de
Uchu en el distrito de Huamanquiquia, provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho.

EPAF

La construcción del caso por parte de EPAF

En el año 2012, después de varias visitas, reuniones y talleres en el distrito de Huamanquiquia, provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho, nos quedamos en el anexo de Nazareth de Uchu repartiendo los certificados de acreditación del Registro Único de Víctimas a los familiares de las víctimas del conflicto. Huamanquiquia, como muchos pueblos de Ayacucho, conoció el dolor y la muerte que dejó sendero a su paso, así como la respuesta criminal del Estado.

El Presidente de la Asociación de Familiares de Nazareth de Uchu en ese entonces era don Guillermo Bravo Del Pino, carpintero, hombre activo, padre de 3 niños. Conversamos con él y nos contó de la llegada de Sendero Luminoso durante la Fiesta de la Virgen de la Asunción, un 14 de agosto de 1984. Sus padres, Neofilo Bravo Quispe y Marina Del Pino Hinostroza, eran mayordomos de la fiesta que se realizaba entre el 11 y el 16. Un día antes Sendero Luminoso había reclutado a campesinos de los anexos de Tinca, Uchu y Patara para atacar al vecino pueblo de Huambo, que había rechazado la presencia de sendero.

El 14 de agosto, al promediar la medianoche, cerca de 30 senderistas, después de atacar el pueblo de Huambo, regresaron a Nazareth de Uchu para asesinar a los comuneros que se negaron a acompañar a los senderistas y que se opusieron al reclutamiento de los comuneros. Traían una lista y en ella aparecían los nombres de los padres y del hermano de Guillermo, Osvaldo Bravo Del Pino. Su cuñado, Andrés Vivanco Chaico, esposo de su hermana mayor, fue asesinado por defender a sus suegros.

Don Guillermo tenía 8 años cuando vio morir a su madre y a su cuñado en la calle. Al día siguiente, su padre y hermano mayor también murieron producto de las heridas causadas por los terroristas. No hubo tiempo de hacer velorio. Los cuerpos fueron reunidos en la puerta de la escuela, envueltos con ponchos y mantas, y enterrados el 15 de Agosto, con la ayuda de los pocos pobladores que se quedaron. El miedo a la venganza de sendero los hacía esconder su dolor y llorar en silencio.

Acompañados de los demás familiares visitamos el cementerio y conocimos los lugares donde fueron enterradas las 7 víctimas de este evento. Por años, don Guillermo, en cada entierro que se realizaba en el pueblo, cuidó que nadie fuera enterrado encima de sus familiares, tarea nada fácil en un cementerio pequeño y desordenado.

En agosto del 2014, EPAF y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) presentaron la denuncia del caso. Acompañamos la investigación con testimonios, fotografías de los lugares de entierro, su ubicación con GPS y se presentó la denuncia ante la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, representados por el abogado Ronald Gamarra.

Hasta mayo del 2015, la DECOTER (Departamento contra el Terrorismo), órgano de la Policía Nacional que investiga todas las denuncias presentadas cuyos autores son miembros de sendero luminoso, tuvo el caso sin devolvérselo a la Fiscalía, sin citar a los familiares, señalando, como excusa, que no los ubicaban, como si fuera posible que, en un pueblo tan pequeño como Nazarteh de Uchu, nadie los conociera.

Cuando el expediente por fin fue devuelto a la Fiscalía se programó la exhumación de los cuerpos para los primeros días de enero de este año. La diligencia de análisis de los cuerpos fue suspendida y reprogramada para abril. Siendo EPAF perito de parte, se solicitó a través del abogado la programación de la diligencia de análisis e identificación de los cuerpos, así como la exhibición de prendas para su reconocimiento por los familiares, pero nunca nos contestaron(1).

El hábito errático de la Fiscalía

Sorpresivamente, el 16 de agosto, la Fiscalía restituyó los 7 cuerpos a sus familiares. EPAF se enteró de manera casual de esta diligencia. No sólo no fuimos notificados, se podría decir que no somos parte del proceso de investigación Fiscal sino el abogado que representa a las víctimas, sino que nunca pudimos realizar el análisis de los cuerpos como peritos de parte representando a los familiares. ¿Cuál puede ser el apuro de la Fiscalía por entregar estos cuerpos? ¿Por qué no informar al abogado y a los peritos? Es importante reconocer que no se trata sólo de una falta al procedimiento, sino de una falta de respeto a las familias y a quienes formamos parte del proceso de investigación.

Nos quedan sensaciones encontradas frente a este hecho. Por un lado, compartimos la tranquilidad de los familiares de tener de vuelta a sus seres queridos, poder velarlos, enterrarlos dignamente y, por fin, contar con los documentos que certifican su muerte. Pero, por otro lado, es innegable la sensación de que en el Perú no se puede confiar en el trabajo de la fiscalía porque hasta el día de hoy no logra entender cuál es el problema que hay que enfrentar.

El asunto no tiene que ver solo con los cuerpos que se recuperan, sino con tratar con respeto a las familias entendiendo el largo proceso por el cual han pasado, cuáles son sus derechos y valorando el aporte de otros actores. Sin embargo, el hábito de la Fiscalía siempre ha sido actuar de manera efectista: estadísticas que mostrar, archivamiento de casos cuando no se conoce al responsable. Esta es la razón, entre muchas otras, de porqué el Presidente Ollanta Humala promulgó la ley de búsqueda de personas desaparecidas el mes de junio con el fin de que sea el Ministerio de Justicia y ya no la Fiscalía la encargada de dirigir la búsqueda de personas desaparecidas en coordinación con organizaciones de la sociedad civil.

Durante muchos años, diversas organizaciones de la sociedad civil hemos recogido testimonios, acompañado psicológicamente a las familias, investigado casos, presentado denuncias y asumido responsabilidades que corresponden a las instituciones del Estado. Lo hemos hecho asumiendo el compromiso con los familiares de escucharlos, respetar su dolor y apoyarlos en la defensa de su derecho a saber, a la justicia y a la reparación digna y lo seguiremos haciendo en el marco de la nueva ley aprobada por el Congreso y ratificada por el Ejecutivo, a pesar de que la Fiscalía siga sin respetar nuestro trabajo.

En el mes de junio pasado visitamos dos veces a don Guillermo para hablar con él sobre la investigación en la Fiscalía y la construcción de los nichos para el entierro de las víctimas; nichos que fueron construidos por los propios familiares con el apoyo de materiales de la Municipalidad de Distrital de Huamanquiquia ante la gestión realizada por el propio Guillermo. En esas visitas nos comprometimos a acompañarlos en el velorio y el entierro como lo hemos hecho durante todo el proceso, pero no pudimos cumplir con el compromiso asumido porque nos enteramos de la restitución cuando los cuerpos ya estaban en el pueblo.

Por usted don Guillermo Bravo, por su lucha por un entierro digno para sus familiares, tenemos que hacer que las cosas cambien, que las hábitos cambien, y que la búsqueda de personas desaparecidas que -con la nueva ley- será coordinada y dirigida por el Ministerio de Justicia corrija estos errores y los que hubieran de manera que prime el respeto a las familias, el respeto a los procesos de acompañamiento y el respeto a los actores de la sociedad civil involucrados tanto en el acompañamiento, construcción de los casos e intervención forense. Sólo así podremos enfrentar la lucha contra el olvido y la impunidad en nuestro país.

En memoria de los 7 peruanos y peruanas de Nazareth de Uchu, Huamanquiquia, Víctor Fajardo, Ayacucho; asesinados por sendero luminoso el 14 de agosto de 1984:

Neofilo Bravo Quispe
Marina Del Pino Hinostroza
Andrés Vivanco Chaico
Zósima Bravo Sotomayor
Gliceria Enríquez Chaico
Gabino Huamán Barrantes
Osvaldo Bravo del Pino

1. Cabe recalcar que este caso no es un caso de búsqueda de desaparecidos propiamente dicho sino de ratificación de identidad de víctimas ejecutadas y enterradas de manera irregular por sus familiares quienes no cuentan con un certificado de defunción y sus herederos no pueden disponer de sus bienes. En casos como éste, donde las víctimas fueron enterradas por sus familiares o por sus vecinos, es más fácil encontrar los cuerpos e identificarlos ya que el procedimiento forense que se realiza sirve para ratificar una identidad que los familiares conocen y describen y que se corrobora por métodos tradicionales de comparación ante mortem post mortem.

2. Todas las fotografías de Percy Rojas