El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), ante los constantes cuestionamientos por parte del Poder Ejecutivo a la pericia realizada para el caso «Chavín de Huántar», cree necesario expresar lo siguiente:

1. La pericia fue realizada en el año 2001, a partir del examen directo de los restos mortales de 14 personas fallecidas en este caso, por parte de un equipo multidisciplinario del EPAF y del Instituto de Medicina Legal, integrado por Clyde Snow y José Pablo Baraybar, entre otros reconocidos profesionales forenses. Es necesario recalcar que dicha pericia fue elaborada por encargo del Ministerio Público y tiene carácter oficial.

2. Nos extraña profundamente que el Poder Ejecutivo decida entregar información sobre el caso a nuevos peritos para que estos traten de refutar el informe EPAF-IML, sin solicitar al mismo tiempo una revisión ampliatoria a los peritos oficiales. Este accionar pareciera no corresponder a un afán de búsqueda de la verdad, sino al hecho de que el caso «Chavín de Huántar» está siendo revisado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; durante los 12 años en que el caso se mantuvo en el fuero nacional, no hubo ningún interés por revisar la información.

3. Si los ministerios de Defensa y Justicia tenían dudas sobre las conclusiones del informe EPAF-IML, hubiese sido más sencillo ordenar la exhumación de los restos y someterlos a un nuevo examen. Por ello, lo que sí consideramos pertinente es que se haga pública la inversión hecha en los nuevos peritajes, pues es importante saber a dónde van nuestros impuestos.

4. Creemos que el hecho de que los ministerios de Defensa y Justicia hayan solicitado 3 opiniones periciales distintas sobre un mismo caso –que se contradicen entre sí en varios puntos- evidencia poca seriedad por parte del Poder Ejecutivo, y al mismo tiempo la intención de sesgar la opinión pública, favoreciendo no a los comandos que realizaron el exitoso operativo de rescate, sino a los personajes directamente implicados en el caso: Montesinos, Hermoza y Huamán Azcurra, entre otros. Resultaría indignante que el Poder Ejecutivo emplease el dinero de los contribuyentes para financiar pericias de parte. El EPAF considera que el informe viene siendo debatido sin mayor interés en los argumentos que sustentan los diferentes puntos de vista, sino en consideraciones políticas que son completamente ajenas a nuestro quehacer científico y a nuestra labor de defensa de los derechos humanos. Por ello, hemos decidido sentar nuestra posición en este pronunciamiento y dejar que el debate politizado siga discurriendo por sí mismo.