El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), frente a la resolución de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República sobre la sentencia del caso “Chavín de Huántar”, se pronuncia ante la opinión pública:

1. La pericia realizada por el Equipo Peruano de Antropologia Forense (EPAF) en el caso “Chavín de Huántar” fue realizada en el año 2001, a solicitud del Ministerio Público, y con la colaboración de peritos nacionales y extranjeros. Dicha pericia tiene carácter oficial, y las diligencias realizadas por EPAF no generaron ningún gasto al Estado peruano.
2. En dicha pericia no nos guió otro afán que el de hallar la verdad científica de los hechos, en el convencimiento de que sólo esta podría lograr que los héroes del operativo fueran justamente reivindicados, los responsables de crímenes fueran sancionados y las familias de los fallecidos pudieran culminar su ciclo de duelo. Eso lo afirmamos entonces y lo seguimos afirmando hoy.
3. En la nueva estrategia del Poder Ejecutivo, los señores Montesinos, Hermoza y Huamán Azcurra pasaron a ser defendidos por el Estado peruano junto a los valerosos comandos; para ello los ministerios de Defensa y Justicia desconocieron unilateralmente los resultados obtenidos por el EPAF, llegando a solicitar 3 opiniones periciales distintas (que se contradicen entre sí en varios e importantes puntos), y generar discusiones anticientíficas en términos injuriosos, con el afán de sesgar a la opinión pública.
4. Ahora que la Corte Suprema ha ratificado que se produjo una ejecución extrajudicial durante el operativo “Chavín de Huántar”, emplazamos a los ministros de Defensa y Justicia a revelar el monto invertido en la realización de las mencionadas pericias y los gastos asociados a ellas. Es imprescindible que se hagan públicos estos gastos, pues es importante saber a dónde van a parar nuestros impuestos. Resulta profundamente desalentador que el Poder Ejecutivo tenga tan poco respeto por quienes colaboran con el proceso de justicia a solicitud del propio Estado peruano. Actitudes como esta solo pueden generar el rechazo con la manera en que se administran el poder y la justicia en el Perú.