Una vez más, se hace necesario insistir en la implementación de un plan nacional de búsqueda de desaparecidos en el Perú. Un plan integral que tenga como prioridad la búsqueda humanitaria de más de 15 000 compatriotas perdidos en la oscuridad de una guerra vivida durante dos décadas. Un plan que no solo saque de la tierra restos óseos, sino que recupere víctimas, ciudadanos: hombres, mujeres y niños desaparecidos. Durante estos años no ha habido una voluntad política férrea de ningún gobierno por conocer la verdad y reconstruir o reconocer el ejercicio de una memoria plural sobre el llamado «conflicto armado interno». No obstante, se hace cada vez más urgente que el Estado cumpla y concretice de manera estructural —sea cual sea el origen del compromiso político y la voluntad social que se defienda—, políticas de búsqueda y reparación que surjan esencialmente del reconocimiento de la propia responsabilidad en crímenes de lesa humanidad para su correspondiente sanción y condena. Como señala Gisella Vignolo, abogada adjunta para DDHH y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo[1], pese a la preocupación de esta institución por que el Estado atienda las secuelas de la desaparición forzada durante la guerra, de los diversos estudios e informes realizados sobre justicia y reparación entre los años 2008 y 2009, de las recomendaciones dadas al Ministerio Público, de impulsar un espacio de coordinación interinstitucional para la elaboración de un Plan Nacional de Investigaciones Forenses, de la implementación de medidas a nivel judicial para investigar y juzgar estas violaciones a los derechos humanos, del Plan Integral de Reparaciones (PIR), el Registro Especial de Ausencia de Desaparición Forzada con 1 811 inscritos y los intentos de fortalecer el Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal (IML) —cuya insuficiente labor revela la magnitud de la violencia y la necesidad de un trabajo conjunto—, no existe aun una política pública integral que logre articular no solo todos estos esfuerzos sino una mirada distinta, mucho más objetiva, inclusiva y sensible, al conflicto que nos enfrentó entre prójimos. La investigación antropológico-forense, la recuperación de restos, su identificación y entrega, y la creación de una Oficina de Personas Desaparecidas (OPD) en distintas regiones del país en donde se vivió con intensidad la guerra constituyen, por supuesto, tareas urgentes e imprescindibles para no sólo reparar los crímenes cometidos por parte del Estado o los grupos subversivos sino para comprender qué sucedió. Como muy bien advierte Vignolo, la búsqueda debe ir más allá de una sentencia, cuando ésta se dicta sin haberse hallado los cuerpos victimados. Qué pasó con un desaparecido debe ser pues fuente de una inquietud inacabable hasta que se halle una respuesta cabal y completa. Luego del hallazgo de los restos de los campesinos desaparecidos de El Santa por parte de los familiares, y a pocos días de recordar la entrega del Informe Final de la CVR el 28 de agosto de 2003 y evaluar críticamente su trabajo, nada es más claro hoy que la necesidad de atender este problema social que no permitirá un desarrollo equitativo e integral no solo de aquellas regiones pobres golpeadas por el PCP-Sendero Luminoso, el MRTA o el Estado, sino de toda nación que persigue su bienestar.

Lima, 24 de agosto de 2011 Equipo Peruano de Antropología Forense